Siete organizaciones sindicales, políticas y sociales de Arganda del Rey han suscrito un manifiesto para sumarse a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre, con el acceso a la vivienda como principal reivindicación.
Las entidades argandeñas denuncian el incremento de los precios de compra y alquiler en el municipio y reclaman medidas para facilitar el acceso a una vivienda asequible.
El texto, titulado ‘Arganda por la huelga general’, está respaldado por CCOO, Izquierda Unida, Más Arganda, la Asociación de Vecinos de Arganda, Arganda Diversa, la Asociación de Vecinos de La Poveda y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).
Las organizaciones sostienen que la situación del mercado inmobiliario está dificultando el acceso a la vivienda de los jóvenes y aumentando el esfuerzo económico de numerosas familias del municipio.
En su manifiesto, los firmantes aseguran que el precio medio de la vivienda en venta en Arganda ha aumentado más de un 14% durante el último año y se sitúa cerca de los 2.700 euros por metro cuadrado.
También señalan que el alquiler ronda los 13 euros mensuales por metro cuadrado y que el precio de compra se ha incrementado alrededor de un 60% en los últimos cinco años.
El coste de la vivienda y su impacto en las familias
Uno de los argumentos centrales del manifiesto es la diferencia entre la evolución de los salarios y el encarecimiento de la vivienda.
Según exponen los colectivos, las subidas salariales medias pactadas en convenio se sitúan alrededor del 3%, mientras que el coste de la vivienda habría aumentado a un ritmo considerablemente superior durante la última década.
Las entidades afirman que, en la Comunidad de Madrid, los hogares que viven de alquiler o afrontan una hipoteca pueden llegar a dedicar entre el 40% y el 50% de sus ingresos al pago de la vivienda, un porcentaje que, según el manifiesto, supera el 60% en las familias con menores rentas.
El documento también relaciona esta situación con las dificultades que atraviesa el pequeño comercio. Los firmantes consideran que el elevado gasto destinado a la vivienda reduce la capacidad de consumo de las familias y repercute en los establecimientos de proximidad.
A ello añaden el encarecimiento de los alquileres de los locales comerciales, que, según denuncian, incrementa los costes de los negocios y dificulta la continuidad de algunos establecimientos tradicionales.
Las organizaciones cuestionan, además, que la construcción de nuevas promociones residenciales sea suficiente, por sí sola, para contener los precios.
En este sentido, el manifiesto sostiene que durante los últimos diez años se han promovido y construido más de 3.000 viviendas en Arganda, pese a lo cual los precios de compra y alquiler han continuado aumentando.
Los firmantes atribuyen esta evolución a la especulación inmobiliaria y al peso de determinados operadores económicos en el mercado.
Entre los argumentos que presentan figura su estimación de que entre el 45% y el 50% de las compraventas se realizan sin financiación hipotecaria.
Reclaman declarar Arganda zona tensionada y más vivienda pública
El manifiesto plantea una serie de reivindicaciones dirigidas a modificar las condiciones de acceso a la vivienda en el municipio.
Entre ellas figura la aplicación de los mecanismos previstos en la Ley estatal de Vivienda y la declaración de Arganda del Rey como zona de mercado residencial tensionado, con el objetivo de limitar los precios del alquiler en los supuestos contemplados por la normativa.
Las entidades también reclaman una mayor promoción directa de vivienda pública protegida y de alquiler social, con un parque residencial que permanezca fuera del mercado libre.
Otra de sus demandas es prohibir la adquisición de viviendas por parte de fondos de inversión y capital especulativo, así como expropiar inmuebles en manos de los denominados fondos buitre y grandes tenedores para destinarlos al alquiler público.
El texto también defiende los contratos de alquiler indefinidos y una regulación efectiva de los precios como instrumentos para garantizar una mayor estabilidad residencial a los inquilinos.
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