El Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey aprobó el pasado viernes en sesión extraordinaria una modificación presupuestaria por un total de 1.796.660 euros, destinada a incrementar las partidas de suministros y comunicaciones, tras detectar insuficiencia de crédito en dichas áreas.
La medida salió adelante con 15 votos a favor y 7 en contra, entre las críticas de la oposición por “improvisación” y “recortes encubiertos” en áreas como educación.
Según explicó el concejal de Hacienda, Álvaro Fernández, el ajuste presupuestario es necesario para garantizar “el correcto funcionamiento del Ayuntamiento y el cumplimiento de sus obligaciones con proveedores”.
Para ello, se han dado de baja partidas por el mismo importe en áreas que, según el Ejecutivo local, no se ejecutarán este año.
En concreto, se detraen fondos de diversas partidas de inversión y se refuerzan así las correspondientes a suministros y comunicaciones.
Críticas por recortes y falta de previsión
Desde el Grupo Municipal Socialista, la concejala Ana María Sabugo acusó al Gobierno local de falta de planificación. Recordó que el presupuesto fue aprobado hace apenas dos meses y que ya requiere modificaciones, lo que, a su juicio, evidencia “desconocimiento e improvisación”.
Sabugo señaló que el aumento en la partida de suministros podría haberse evitado si se hubiera previsto la subida del IVA del 10 al 21 % en enero, y criticó especialmente el origen de los fondos utilizados, denunciando que se recorta un millón de euros en inversión educativa, lo que implica que “otro año más no se invertirá en los centros educativos del municipio”.
Además, cuestionó el incremento de 500.000 euros en la partida de comunicaciones, necesario para cubrir el coste del envío postal de las notificaciones de la tasa de basuras.
El equipo de Gobierno responde
El concejal de Hacienda defendió que la inversión no se elimina, sino que se redistribuye de partidas que no se ejecutarán este ejercicio.
También aprovechó para responder a las críticas sobre la deuda municipal, recordando que “el anterior Gobierno dejó más de 1.000 facturas sin pagar por valor de más de 600.000 euros”.
Por su parte, el alcalde, Alberto Escribano, explicó que el alto coste de las notificaciones está vinculado a una normativa estatal que obliga a notificar la tasa de basuras por correo postal certificado, sin posibilidad de optar por métodos más económicos.
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