El Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey ha aprobado la delegación de determinadas competencias, atribuidas por ley al Pleno, en favor de la Junta de Gobierno Local y de la Alcaldía.
El objetivo de esta medida, según explicó el equipo de Gobierno en la sesión celebrada el pasado 7 de mayo, es dotar de mayor agilidad a la tramitación administrativa de expedientes y mejorar el impulso, seguimiento y coordinación de actividades y servicios.
Esta decisión se enmarca dentro de la reestructuración del Gobierno municipal, consecuencia del nuevo pacto de gobierno entre PP y Vox, y se apoya en el artículo 22.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.
La propuesta fue dictaminada favorablemente en la Comisión Informativa de Régimen Interior y contó con los informes favorables de la Secretaría General, fechados los días 10 y 11 de abril de 2025.
Las competencias delegadas en la Junta de Gobierno Local afectan a materias relacionadas con la hacienda municipal, contratación y convenios, y régimen jurídico y patrimonial.
Por su parte, se delega en la Alcaldía la facultad de ejercitar acciones judiciales y administrativas, así como la defensa de la Corporación en asuntos de competencia plenaria.
El Pleno conserva, como órgano delegante, una serie de competencias y capacidades sobre estas materias. Las atribuciones delegadas permanecerán vigentes hasta que el propio Pleno acuerde su modificación o revocación.
El punto fue aprobado tras el correspondiente debate plenario, con un total de 15 votos a favor (PP, Vox y concejala no adscrita) y nueve en contra (PSOE).
Revocación de competencias
En marzo del pasado año, PSOE y Vox votaron de forma conjunta para revocar las competencias delegadas a la Junta de Gobierno y que éstas pasaran a depender exclusivamente del Pleno.
En aquel momento, y a propuesta de Vox (ahora socio de gobierno del PP), se acordó que la delegación de competencias a la Junta que fue aprobada en la sesión de constitución de la nueva Corporación quedase sin efecto.
En aquel primer Pleno, con los votos favorables de PP y PSOE, se acordó que la Junta de Gobierno asumiera competencias en asuntos como “el establecimiento, fijación, modificación o suspensión de Precios Públicos del Ayuntamiento; la concertación o modificación de operaciones de crédito, funciones de órgano de contratación, la aprobación de proyectos de obras y servicios o la autorización de gastos plurianuales”, entre otras cuestiones.








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