La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Arganda del Rey ha denunciado la situación de desprotección que viven decenas de familias del municipio que, según esta organización, se encuentran privadas de una vivienda digna y adecuada, en contra de lo establecido en la Constitución y en las declaraciones internacionales de derechos humanos.
Según la PAH, desde el año 2024 más de 27 familias en situación de vulnerabilidad han solicitado apoyo ante la imposibilidad de acceder a una vivienda estable o por verse obligadas a abandonarla, lo que está provocando una creciente situación de emergencia habitacional en Arganda.
Muchas de estas familias, aseguran, están siendo atendidas por los servicios sociales municipales y acuden de forma regular a las asambleas de la plataforma en busca de alternativas y apoyo colectivo.
Desde la organización señalan que, en muchos casos, la causa de esta desprotección reside en actuaciones promovidas por bancos, grandes tenedores e incluso administraciones públicas que derivan en desahucios de familias vulnerables.
Esta situación, subrayan, afecta especialmente a menores, “ninguneando sus derechos fundamentales” y colocando a los niños y niñas en un contexto de precariedad que vulnera la Declaración de los Derechos del Niño.
Ante la falta de alternativas, algunas de estas familias se ven abocadas a ocupar viviendas vacías sin contrato legal, muchas veces pertenecientes a entidades financieras o administraciones públicas, según asegura la PAH.
Desde la PAH recuerdan que este tipo de realojos forzosos no son una elección voluntaria, sino una necesidad ante la ausencia de respuestas por parte de las instituciones.
En su comunicado, la PAH exige a los poderes públicos el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna, así como de los compromisos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de los Derechos del Niño.
“Demandamos a los responsables públicos que cumplan con lo expuesto en la Constitución, con el objetivo de garantizar el bienestar personal, familiar y social de nuestros vecinos y vecinas”, concluyen desde la organización.
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