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Oficinas de ESMAR (foto: ESMAR Arganda)

Oficinas de ESMAR (foto: ESMAR Arganda)

Juan Francisco Fernández Caballero, exgerente de la Empresa de Servicios Municipales de Arganda del Rey (ESMAR), ha ingresado en la prisión de Soto del Real para cumplir la pena de dos años de cárcel ratificada el pasado mes de febrero por Tribunal Supremo por un delito de estafa al haber abonado una factura duplicada en relación a las obras para la adecuación y urbanización del centro deportivo de La Poveda.

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Tal y como ha podido saber Diario de Arganda, Fernández Caballero ya se encuentra en la prisión de Soto del Real para cumplir la condena que le fue impuesta en primera instancia por la Audiencia Provincial de Madrid y que ratificó posteriormente el Tribunal Supremo, y que además de la pena de cárcel conllevaba la devolución de 1.809.590,89 euros.

En la sentencia de febrero de 2021, el Alto Tribunal rechazaba el recurso de casación interpuesto por Fernández Caballero contra la condena de la Audiencia, y fallaba de este modo en firme por un delito de estafa, condenando al procesado con dos años de cárcel, una multa de 10 euros diarios durante 8 meses y a la indemnización a la entidad ESMAR del Ayuntamiento de Arganda del Rey en la cantidad de 1.809.590,89 euros.

La denuncia partió de entonces alcalde de Arganda, el popular Pablo Rodríguez Sardinero, en el año 2013, quien cesó a Fernández Caballero como responsable de ESMAR y puso en conocimiento de la Audiencia los hechos.

Los hechos juzgados se remontan a marzo de 2011, cuando el por entonces gerente de ESMAR adjudicó a la empresa Urbajar SL un contrato de obra para la adecuación y urbanización del centro deportivo urbano del Barrio de La Poveda, por importe de 2.439.085,96 euros.

El exgerente de la empresa municipal emitió tres pagarés por valor de 1,8 millones de euros, que la empresa cobró. Poco después, el otro encausado y condenado por estos hechos, José María Arnau, adquirió la empresa.

En la sentencia de la Audiencia Provincial, ratificada por el Supremo, se recoge que “José María Arnau Buisan, administrador de Urbajar SL, y Juan Francisco Fernández Caballero, consejero delegado de ESMAR, se pusieron de acuerdo, con la intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito, para que el primero reclamara nuevamente el pago de la factura mediante la inclusión como supuesto acreedor de Urbajal SL por importe de 1.809.590,89 euros, sin que ello fuera cierto, en el plan de proveedores del Real Decreto- ley 4/2012”.

“Para conseguirlo y a sabiendas de que la referida factura ya había sido a abonada a Urbajar SL de la manera expuesta, José María Arnau Bisau presentó el 20 de junio de 2012 una solicitud de certificado individual de reconocimiento de existencia de obligaciones pendientes de pago a cargo de las entidades locales para poder concurrir al plan de pago proveedores, haciendo constar entre las facturas pendientes la UR0030/11 por importe de 1.809.590,89 euros, emitiendo ese mismo día Juan Francisco Fernández Caballero una certificación en relación con dicha solicitud de conformidad con lo interesado por el representante de Urbajar SL pese a conocer que los pagarés librados y firmados por él mismo para el abono de dicha factura habían sido endosados por el anterior administrador de Urbajar SL”, añade el texto.

Tras conocerse el ingreso en prisión de Fernández Caballero, el PP de Arganda ha declarado a Diario de Arganda que “como hemos hecho siempre, respetamos a la justicia y todas sus decisiones. Los casos que ahora se cierran pertenecen a épocas del pasado que, afortunadamente, quedaron atrás”.

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