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OPINIÓN

Clotilde Cuéllar

Clotilde Cuéllar

Concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Arganda del Rey

Ha pasado más de un año desde las elecciones municipales y conviene recordar lo que pasó al principio de la legislatura, porque nos ayudará a entender lo que está ocurriendo ahora. Los concejales dicen ser los políticos y políticas más próximas a la gente, pero sus decisiones en demasiadas ocasiones se alejan de aquellos a quienes representan.

Somos 25 en Arganda con capacidad de decisión sobre lo que la ciudad necesita. 24 de ellos votaron a favor de subirse los ya abultados salarios y un año después no han propuesto siquiera que se pida explicaciones sobre por qué no estuvo a tiempo, en Arganda, el diagnóstico de la red de saneamiento comprometido hace años. ¿Se hubieran paliado los efectos de las tormentas?

El pleno de investidura fue el 15 de junio de 2019, pero hubo otro muy importante tres días después convocado a toda prisa por el gobierno para sacar adelante su propuesta de “Protocolo de funcionamiento” para los próximos 4 años. Como en la legislatura anterior, mi voto (1) fue en contra de los escandalosos sueldos y su subida, pero PP, Cs y VOX (11) sí apoyaron la tabla salarial del gobierno “socialista” (13). Así que los sufridos contribuyentes seguirán costeando hasta el 2023 los casi 70.000 € anuales que gana el alcalde, los 66.000 € para cada uno de los tres ediles que ejercen la tenencia de alcaldía, prácticamente 63.000 € para cada portavoz de PP, Cs y VOX, más de 60.000 € para cada miembro del equipo de gobierno. Además pagarán 52.000 € a cada uno de los siguientes concejales: dos del PP y uno de Cs. Y sueldos de hasta 56.000 € para el personal de confianza, también llamados “eventuales”, que son doce en Arganda. Es también “de confianza” un secretario que la vecindad paga al PSOE y otro al PP.

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, en esta legislatura con mi voto en contra han vuelto a ponerse los sueldos máximos que la ley permite a un municipio de 75.000 habitantes. ¡Pero si Arganda no es Majadahonda, si aquí no llegamos a los 55.000 habitantes! Ya, pero la democracia española deja que sea la clase política y los regímenes presidencialistas (el alcalde preside el pleno, comisiones, consejos…) quienes decidan sus propios sueldos, los de los eventuales y uno de los complementos del funcionariado llamado “específico” (c.e.) que también en Arganda se dispara sobre todo en jefas y coordinadores de servicio. Llegan a cobrar como “complemento” mensual 1.857 € (aparte el salario base y otros complementos por antigüedad, destino, etcétera) e incluso más cantidad cuando se trata de personal del área jurídica (2.902 € de c.e.), policía (2.902 € de c.e.) y habilitados/as nacionales (4.065 € de c.e.). Cierto es que este complemento del funcionariado llega al pleno con el aval sindical.

http://archivo.ayto-arganda.es/DA/Rpt/2019.pdf

Por comparar, Pinto (localidad similar a Arganda en número de habitantes), durante el gobierno de la candidatura vecinal, ajustó los salarios a su población real y el alcalde-presidente daba ejemplo cobrando 46.750 € anuales, es decir, unos 20.000 euros menos que el de aquí.

¿Por qué es importante lo que sucedió en Arganda el 18 de junio de 2019? Los mismos ediles que aceptan sueldos de escándalo son los que rechazan en enero de 2020 desglosar las cuentas municipales por subconcepto, analizar los costes reales de los servicios, medir anualmente los objetivos alcanzados por las áreas o concejalías y evaluar el desempeño de las más de 700 personas en la plantilla municipal. Esa fue una de las 15 enmiendas que presenté a los presupuestos 2020. Ninguna prosperó y es una lástima, porque el desglose de las cuentas permitiría a la vecindad conocer qué complementos salariales tiene el personal o qué se paga al oligopolio por la luz de las calles y de los edificios municipales… A lo mejor es más participativo que los 70 millones de presupuesto se trabajen de manera transparente, para que la población pueda opinar sobre las grandes prioridades de gasto.

En Arganda, uno de los 3 municipios de España que ha necesitado pieza separada de la trama Gürtel por el volumen que aquí alcanzó la corrupción, seguiremos pagando sueldazos a entramados políticos, como la deuda a entramados empresariales (blanqueada o convertida en “bancaria a largo plazo”), porque el resto del plenario desestimó mi propuesta de auditoría ciudadana de las cuentas y cerró la comisión de investigación sin las comparecencias que yo había pedido en la legislatura anterior.

Es curiosa la unidad de PSOE, PP, Cs y VOX entorno a la causa salarial: su causa. Alguno de los partidos y concejales podría haberse mostrado en contra de esos abusivos sueldos y, en el caso de no alcanzar los apoyos suficientes, donar parte de su salario a proyectos sociales del pueblo, como yo he venido haciendo cuando tenía dedicación exclusiva. Pero no. Han preferido estar cada vez más alejados de las economías familiares, afectadas primero por la burbuja inmobiliaria y luego por el coronavirus.

A partir del voto de los 24 el día 18 de junio de 2019, se entiende mejor lo que ha pasado después. En algún barrio me han dicho que “la bronca entre partidos es fingida, una forma fácil o teatral de justificar tan escandalosas nóminas sin molestarse en conocer los problemas reales. Al final sus discursos no son tan diferentes, porque tienen como respaldo nuestros bolsillos”.

Si en la legislatura pasada la vecindad tenía que reservar del presupuesto anual unos 800.000 € para pagar a 25 concejales/as —sin contar Seguridad Social, ni dietas— y medio millón de euros más para 12 personas de confianza, resulta que en este mandato la cifra se dispara. De los 70 millones de presupuesto anual de la ciudad, más de 2 millones de euros van a los unos, que proponen el 23 de julio de 2020 darle a Canal S.A. el derecho a cobrar a la vecindad una cuota suplementaria de 23 céntimos por m3 de agua durante 30 años, y a los otros que no cuestionan esos 23 millones, sólo piden que la fórmula de dárselo al Canal S.A. sea vía presupuestos municipales. Ninguno exige que Canal cumpla con los Convenios que el PP firmó a partir del 2012 por los que la Comunidad de Madrid debía responsabilizarse de la gestión de la red principal. ¿Qué diferencia hay entre unos y otros? Tanto el presupuesto como el recibo lo acabará pagando la vecindad.

Son, por cierto, los mismos partidos que días antes, el 1 de julio, no apoyaron mis “22 propuestas para la transición verde y justa de Arganda, tras los efectos del COVID19, los incendios y las inundaciones”, una de las cuales era el diseño de un “Plan Local de prevención frente a inundaciones y otros efectos del cambio climático”. Parece que prefieren someterse sin opinión propia a lo que diga el monopolio del Canal.

El 3 de septiembre se ha reanudado en Arganda el Consejo Escolar Municipal. Perpleja oí cómo defendían ante la comunidad educativa los “caminos escolares seguros”. ¿Por qué no votaron a favor de mi enmienda a los presupuestos 2020? Pedí en enero al plenario (antes del COVID19) que se redujera la partida de salarios a la corporación en 150.000 € para destinarlos a “Seguridad y movilidad sostenible e inclusiva. Caminos escolares seguros”. ¿Hace falta una pandemia para cambiar de opinión? Podríamos llevar 8 meses de ventaja. Por cierto, en el Consejo Escolar no dijeron de dónde saldría la partida.

La política es saber ver los problemas antes de que se conviertan en urgencias. Y estar cerca de la realidad económica que viven las personas a las que representas. Se llama ejercer tu cargo con libertad y vocación de servicio público.

Clotilde.Cuellar@ayto-arganda.es

 

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