Arganda del Rey cuenta actualmente con 38 viviendas de titularidad municipal destinadas a fines sociales, una cifra reducida si se tiene en cuenta que el municipio supera ya la barrera de los 61.000 habitantes.
En concreto, el Boletín Especial Vivienda Social 2024, el último publicado hasta la fecha, elaborado por el Observatorio de Vivienda y Suelo del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, analiza la situación del parque público en distintas ciudades españolas.
En el caso de Arganda, el Ministerio recoge únicamente siete viviendas de titularidad municipal, si bien en el Programa de Actuaciones, Inversiones y Financiación de la empresa municipal ESMAR se recogen 31 inmuebles de alquiler social más (15 en la calle Cóndor número 31 y 16 en la plaza de Colón número 10) que no aparecen reflejados en el documento ministerial.
El informe estatal sitúa de este modo a Arganda del Rey entre los municipios con menor número de viviendas sociales de titularidad municipal, en un contexto de creciente presión sobre el mercado residencial y de dificultades de acceso a la vivienda para determinados colectivos.
Según los datos recogidos en el documento, las siete viviendas municipales existentes en Arganda se gestionan íntegramente en régimen de alquiler, sin que el municipio disponga de inmuebles públicos destinados a la venta, alquiler con opción a compra u otras fórmulas de acceso temporal.
Esta circunstancia evidencia el limitado parque de vivienda pública disponible en el municipio, que se destina fundamentalmente a atender situaciones de vulnerabilidad o emergencia social.
Diferencias con otros municipios del entorno
La situación de Arganda del Rey contrasta con la de otros municipios cercanos del sureste de la Comunidad de Madrid con población mayor de 20.000 habitantes.
El caso más llamativo es el de Rivas Vaciamadrid, que con algo más de 100.000 habitantes cuenta con 3.588 viviendas municipales, uno de los parques públicos más amplios de España.
En este municipio, 671 viviendas se destinan al alquiler social, mientras que el resto se gestionan bajo otras fórmulas de acceso a la vivienda, como modelos de cesión o regímenes específicos de vivienda protegida.
Alcalá de Henares, con una población de 199.184 habitantes, gestiona por su parte un parque de 53 viviendas de titularidad municipal destinadas íntegramente al régimen de arrendamiento.
En el conjunto de la Comunidad de Madrid, la ciudad de Madrid lidera el parque público en alquiler con más de 9.000 viviendas gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).
Un problema que se repite a escala nacional
La situación de Arganda del Rey se enmarca en un contexto nacional en el que el parque de vivienda social sigue siendo reducido. Según el propio informe, la vivienda social en España representa aproximadamente el 3,3% de los hogares, muy por debajo de la media de la Unión Europea, que ronda el 8%.
Para alcanzar los niveles europeos, el estudio estima que sería necesario incrementar el parque de alquiler social en unas 850.000 viviendas adicionales en todo el país.
Déficit de vivienda y presión sobre la demanda
En el caso de la Comunidad de Madrid, el informe señala que el crecimiento del número de hogares ha superado al de nuevas viviendas construidas en las últimas décadas.
Entre 1981 y 2023 se crearon más de 1,29 millones de hogares, mientras que se terminaron algo más de 1,20 millones de viviendas, lo que ha generado un déficit estructural.
Este desequilibrio está provocando que la demanda de vivienda se desplace progresivamente hacia municipios de la periferia, como los del sureste de la región.
Actualmente, el registro de demandantes de vivienda de emergencia social de la Comunidad de Madrid cuenta con 4.678 personas inscritas, lo que refleja la presión existente sobre los recursos habitacionales públicos disponibles.
El reto de ampliar el parque público
Pese a que la Comunidad de Madrid lidera la promoción de vivienda protegida en España, con más de 158.000 calificaciones entre 2005 y 2023, el caso de Arganda del Rey evidencia las dificultades que tienen muchos Ayuntamientos para consolidar un parque municipal estable de vivienda social.
El informe apunta que el suelo disponible para nuevos desarrollos en la región permitiría construir más de 764.000 viviendas, muchas de ellas en ámbitos urbanísticos pendientes de desarrollo, lo que podría contribuir a aliviar la presión sobre el mercado residencial en los próximos años.
Mientras tanto, municipios como Arganda afrontan el reto de ampliar su parque de vivienda social para responder a las necesidades de una población en crecimiento y de colectivos que encuentran cada vez más dificultades para acceder a una vivienda en el mercado libre.
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