Arganda del Rey fue el único municipio madrileño de más de 50.000 habitantes que, a 31 de marzo de 2025, todavía no había iniciado la redacción del proyecto técnico para implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE).
Así lo recoge el Informe de Fiscalización del establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones en los municipios de la Comunidad de Madrid (ejercicios 2022-2024), aprobado por la Cámara de Cuentas el pasado 30 de junio del presente año.
El documento, al que ha tenido acceso Diario de Arganda, analiza el grado de cumplimiento de la obligación establecida por la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que exigía a los municipios de más de 50.000 habitantes disponer de una Zona de Bajas Emisiones antes de 2023.
Aunque el informe ha sido aprobado este 2026, la Cámara de Cuentas aclara que la fiscalización toma como referencia la situación existente a 31 de marzo de 2025, fecha de cierre de los trabajos de auditoría.
Único municipio sin proyecto iniciado
En el apartado dedicado a los ayuntamientos que aún no disponían de una ZBE, la Cámara de Cuentas diferencia expresamente el caso de Arganda del Rey del resto de municipios analizados.
Mientras otros Consistorios ya habían redactado el proyecto o se encontraban en distintas fases de tramitación, el informe señala que «Arganda del Rey no había iniciado ninguna actuación en este sentido», en referencia a la elaboración del proyecto técnico exigido por la normativa estatal.
Además, en el cuadro comparativo incluido en el informe, Arganda aparece como el único municipio cuya situación figura como «No iniciado», una circunstancia que la Cámara vuelve a destacar en sus conclusiones finales al señalar que era el único caso en el que «ni siquiera se ha iniciado su redacción».
El informe también recoge la posición trasladada por el Ayuntamiento durante la fiscalización para justificar la ausencia de una Zona de Bajas Emisiones.
Según refleja el documento, el Consistorio argumentó las «peculiaridades del territorio» y la «carencia de alternativas viables de movilidad» como motivos para no haber desarrollado este proyecto.
No obstante, la Cámara de Cuentas mantiene esas conclusiones en el informe definitivo aprobado el pasado 30 de junio.
Una ayuda de casi 97.000 euros
La fiscalización incorpora además un apartado económico en el que se analiza la financiación destinada por las distintas administraciones a la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones.
En el caso de Arganda del Rey, el informe indica que el municipio recibió una subvención de 96.694,22 euros para este fin. Sin embargo, añade que a la fecha de cierre de la auditoría no constaba ningún coste ejecutado vinculado al desarrollo del proyecto.
Obligación legal desde 2023
La Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, estableció la obligación de implantar Zonas de Bajas Emisiones en todos los municipios españoles de más de 50.000 habitantes con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire.
La Cámara de Cuentas ha analizado el grado de cumplimiento de esta obligación en los 24 municipios madrileños que, por superar los 50.000 habitantes, debían contar con una Zona de Bajas Emisiones.
En concreto, se trata de Madrid, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Aranjuez, Arganda del Rey, Coslada, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Majadahonda, Móstoles, Parla, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas Vaciamadrid, Las Rozas, San Fernando de Henares, San Sebastián de los Reyes, Torrejón de Ardoz, Valdemoro, Collado Villalba, Colmenar Viejo y Galapagar.
De todos ellos, el informe señala que nueve municipios aún no disponían de una Zona de Bajas Emisiones en vigor a 31 de marzo de 2025: Arganda del Rey, Collado Villalba, Galapagar, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Las Rozas, San Fernando de Henares, Torrejón de Ardoz y Valdemoro.
No obstante, la Cámara de Cuentas distingue expresamente el caso de Arganda al indicar que era el único municipio en el que el proyecto figuraba como «No iniciado», mientras que en el resto la documentación ya se encontraba redactada o en distintas fases de tramitación administrativa.
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