La oficina del Defensor del Pueblo ha iniciado de oficio actuaciones contra 33 Ayuntamientos de todo el país que no han implantado hasta la fecha la zona de bajas emisiones en su término municipal, obligatoria desde el 1 de enero del presente año, como es el caso de Arganda del Rey.
Así, según han explicado a Diario de Arganda fuentes del Defensor del Pueblo, las actuaciones iniciadas tienen por finalidad recibir información sobre la situación de las zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes que, o bien no han iniciado los trámites para su implantación, o bien han dado marcha atrás en el procedimiento.
Las actuaciones iniciadas por el Defensor del Pueblo siguen dos criterios: en primer lugar, por razón del número de personas afectadas por la contaminación y el nivel de retraso en la tramitación, se va a investigar a los municipios de más de 50.000 habitantes cuyos Ayuntamientos no han iniciado aún los trámites para declarar las ZBE (como es el caso de Arganda del Rey) y los municipios de más de 300.000 habitantes que aún no las han aprobado pese a estar en trámite.
Por otro lado, el segundo supuesto se refiere a aquellos municipios en los que se han revertido o van a revertirse los pasos dados para la adopción de las ZBE.
En el caso de Arganda, el alcalde de la ciudad, Alberto Escribano, ya adelantó en varias ocasiones su negativa a poner en marcha esta medida en la localidad, por lo que la ciudad se encuentra en el grupo de 18 municipios que aún no han iniciado su tramitación, junto a otras localidades de la región como Aranjuez, Coslada, Tres Cantos o Valdemoro.
De este modo, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Ayuntamiento de Arganda información concreta a este respecto antes de tomar un decisión, si bien desde el Gobierno local aseguran que aún no han recibido este requerimiento.
En función de la respuesta del Consistorio, las actuaciones iniciadas podrían elevarse a la Administración competente en forma de resolución para que sea ésta la que adopte las medidas oportunas en cada caso.
De los 33 Ayuntamientos investigados, 18 de ellos no han iniciado esta tramitación (Arganda entre ellos), siete la han iniciado pero van con retraso (Málaga, Murcia, Bilbao o Alicante) y ocho municipios están suspendiendo o dando marcha atrás a lo ya realizado (como es el caso de Badalona, Valencia, Gijón o Majadahonda).
No se implantará “si no nos obligan”
El alcalde de Arganda, Alberto Escribano, adelantó el pasado mes de julio que el Gobierno local no tiene ninguna intención de poner en marcha la zona de bajas emisiones en la ciudad. “Yo creo que no lo vamos a hacer. En Arganda no es aplicable por cómo está diseñada la ciudad, si no vienen a obligarnos no lo vamos a hacer”, explicó el regidor en una reunión con comerciantes y hosteleros.
Posteriormente, en una entrevista concedida a Diario de Arganda, el regidor ahondó más en esta cuestión.
“El papel todo lo aguanta y en otras ciudades, como Rivas Vaciamadrid, a lo mejor se pueden hacer muchas cosas de las que indiquen desde la Unión Europea con las directivas de movilidad sostenible, pero en Arganda del Rey no. Ni por su conformación ni por su orografía. No podemos ir en bici por la calle Siete Vientos, Isaac Peral o Lavadero, porque nadie va a subir en bici por esos sitios, porque todas las urbanizaciones de Arganda del Rey están en alto. Son cosas que muchas veces nos hacen perder el tiempo a los Ayuntamientos. No se pueden poner zonas de bajas emisiones en Arganda, y yo no las voy a poner, a no ser que me digan que no hay otra”, explicaba Escribano.