Centro de Servicios Sociales de Arganda del Rey (foto: Ayuntamiento de Arganda del Rey)
El Pleno del Ayuntamiento de Arganda acordó este miércoles, por unanimidad de todos los grupos y de la edil no adscrita, la modificación de sendas ordenanzas municipales que suponen la ampliación de las coberturas para la atención de necesidades sociales y la extensión a más colectivos de los servicios de atención domiciliaria.
La primera de las ordenanzas, relativa a la Gestión Integral de los Servicios de Atención Domiciliaria de Bienestar Social, ha sido adaptada “a la realidad actual”, según detalló el edil de Bienestar Social, Francisco Javier Rodríguez.
Esta normativa, que databa de 2012, requería por tanto de una actualización, tal y como explicó Rodríguez. “Estaba enfocada solo a personas mayores, algo que es muy necesario, pero entendemos que hay más colectivos y personas que necesitan de estos servicios. Por eso introducimos una cuestión fundamental, como es generar el derecho de las personas con discapacidad, dependencia o con rentas bajas a beneficiarse de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia y de mejoras en la habitabilidad de sus viviendas”, subrayó el concejal.
En este sentido, el Ayuntamiento de Arganda modifica los baremos para poder acceder a estas ayudas para beneficiar así a más personas. “Una mejora sustancial es que la teleasistencia será gratuita, y se implantarán nuevos derechos como el servicio de geolocalización ante cualquier situación de pérdida”, indica Rodríguez, en relación a un servicio que se enfocaba a personas con Alzheimer o demencia pero que ahora llegará a otros colectivos y a otras discapacidades.
Ayudas económicas
Por su parte, la modificación de la Ordenanza Reguladora de Ayudas Económicas Municipales para la Atención de Necesidades Sociales de Bienestar Social obedece a la “necesidad de disponer de más y mejores herramientas contra la crisis social de la pandemia y la posterior crisis económica”, en palabras del concejal responsable.
Por ello, el Consistorio argandeño recalculará los baremos “para ampliar la población susceptible de recibir ayudas”, incrementando las cuantías y equiparándolas al salario mínimo de 950 euros, habilitando a su vez ayudas al alquiler “que financiarán la mitad de la renta durante un máximo de 6 meses”, así como “ayudas al transporte y ayudas para soporte educativo que permitirán que personas en situación de vulnerabilidad puedan mejorar sus posibilidades de empleabilidad”.
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