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Cristina Miguel, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arganda (foto: Cs Arganda)

Cristina Miguel, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Arganda

La portavoz de Cs Arganda en el Ayuntamiento de la localidad, Cristina Miguel, defendió durante el pasado Pleno una moción de la formación naranja, que fue finalmente aprobada, para instar a la Comunidad de Madrid a retomar la comisión de investigación para esclarecer el fallecimiento de cerca de 7.300 personas mayores en residencias durante la pandemia de Covid.

En un duro relato de los hechos acaecidos durante los meses más duros de la pandemia, la edil recordó que en 2020 fallecieron “7.291 mayores en residencias de la Comunidad de Madrid sin recibir la atención sanitaria a la que tenían derecho”, una situación que también afectó a personas con discapacidad que no fueron derivadas a centros hospitalarios durante la crisis sanitaria.

“La cifra podría haberse reducido sensiblemente de no haberse aplicado unos polémicos protocolos de exclusión hospitalaria de la consejería de Sanidad que no eran éticos ni posiblemente legales, y que impidieron el acceso de muchos residentes a los hospitales, condenándoles a una muerte indigna”, señaló Miguel.

En este sentido, la portavoz de Cs Arganda recordó que este “protocolo de la vergüenza” provocó la exclusión de la derivación a hospitales “en función de unos criterios de dependencia o discapacidad, frente a las inhumanas declaraciones oficiales basadas en la mentira de que nuestros mayores habrían muerto igualmente de haber sido trasladados a los hospitales”. “Es necesario investigar si las decisiones políticas tomadas pudieron incidir en que la Comunidad de Madrid sea la región de toda la UE con un mayor exceso porcentual de mortalidad en 2020 en comparación con los 4 años anteriores, con un 44%, o al menos analizar el nivel de idoneidad de las mismas y la moralidad de las actuaciones que se desarrollaron”, argumentó.

Asimismo, recordó que el 12 de marzo de 2020 la consejería “anunció la puesta en marcha de un plan contra el coronavirus que incluía literalmente esta medida: ‘Las residencias se van a medicalizar y los mayores contagiados serán atendidos allí mismo’. De este plan con 270 medidas contra la pandemia nunca más se supo”, añadió.

En este sentido, Miguel incidió en que durante los peores momentos de la pandemia el por entonces consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, “pidió ayuda infructuosamente a la consejería de Sanidad del PP para medicalizar adecuadamente las residencias, y avisó de las terribles consecuencias que tendría la aplicación de los protocolos de la Comunidad de Madrid, que establecían unos criterios de exclusión crueles e injustos para la derivación hospitalaria de un elevado numero de usuarios de las residencias de mayores”.

Este protocolo “determinaba criterios de ingreso hospitalario muy estrictos para los que vivían en residencias de mayores, que no se aplicaban a quienes vivían en sus hogares, criterios igualmente injustos que fueron aplicados a personas con discapacidad. Había vidas que merecían ser salvadas antes que otras, lo que supone una vulneración del principio de igualdad consagrado en el articulo 14 de nuestra Constitución”, subrayó.

La comisión

Tal y como explicó Cristina Miguel, en julio de 2020 se constituyó en la Asamblea de Madrid una comisión de investigación para explicar “la gestión de la crisis del Covid en las residencias”, si bien “la victoria del PP en las elecciones del 4 de mayo de 2021 y su posterior acuerdo con Vox provocó el cierre prematuro de la comisión”.

No velar por los intereses de los más desfavorecidos es algo que debería avergonzar a cualquier sociedad, y denunciar el protocolo de la Comunidad de Madrid durante la pandemia es una obligación moral para evitar que se vuelvan a producir en el futuro más muertes por una desatención médica que atenta contra nuestro estado de bienestar”, remarcó, para añadir que “no podemos mirar para otro lado, tenemos la obligación de honrar la memoria de los que murieron de forma indigna, de aquellos que pudieron ser salvados y fueron condenados por un protocolo injusto y cruel, no solo para buscar la verdad y exigir justicia, sino para optimizar de cara al futuro recursos humanos y actuaciones sanitarias que protejan la salud de nuestros mayores y de todos los madrileños ante posibles crisis sanitarias”.

Para concluir, Cristina Miguel incidió en que en la época más dura la pandemia “había vidas dignas de ser salvadas y otras no”, a lo que sumó una dura crítica contra la gestión del PP en aquel momento: “Negaron el traslado hospitalario a muchas personas que con el tratamiento adecuado podrían haber superado la enfermedad, porque en su mano estaba tomar esa decisión, y ustedes se decantaron por las cañas. Muchas cañas para los vivos y manipulación para los muertos”, concluyó.

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