Vecinos y vecinas de Arganda del Rey han registrado un total de 3.729 firmas -754 en papel y 2.975 a través de la plataforma Change.org- como muestra de rechazo al procedimiento de cobro de la nueva tasa de basuras implantada en el municipio.
La entrega simbólica de las firmas tuvo lugar este pasado domingo 2 de noviembre en el Registro del ayuntamiento argandeño.
Esta ha sido una de las iniciativas ciudadanas que se han articulado de forma espontánea a través de redes sociales y que han logrado reunir el apoyo de cientos de ciudadanos para mostrar su descontento con la forma en la que el Gobierno municipal decidió calcular las cuantías de la tasa.
El objetivo de esta acción es reclamar en paralelo una revisión de la ordenanza fiscal que regula el cobro de esta tasa, ampliamente cuestionada desde su aprobación.
Los impulsores de la iniciativa denuncian además la falta de diálogo institucional por parte del alcalde y del concejal de Hacienda, a quienes acusan de no haber atendido ni respondido a esta petición ciudadana, al tiempo que sí han mantenido reuniones con otros colectivos.
En este sentido, la Asociación Vecinal de La Poveda, que dio visibilidad pública a la entrega de firmas del pasado domingo, ha manifestado su malestar por no haber sido convocada para abordar el borrador de modificación de la ordenanza, pese a haberlo solicitado.
Asimismo, durante el presente mes de noviembre, los promotores de estas movilizaciones han explicado que estudiarán a fondo la modificación de la ordenanza aprobada recientemente por el Ayuntamiento y, si procede, plantearán propuestas que hagan la tasa “más justa y proporcional”.
La implantación de la tasa de basuras ha sido uno de los temas más polémicos del año en Arganda del Rey, generando un amplio rechazo por parte de la ciudadanía, que cuestiona tanto el importe de los recibos como la forma en que se ha llevado a cabo el cálculo de los mismo.
En este sentido, el Consistorio argandeño ya aprobó el pasado 22 de octubre modificar esta forma de cálculo de cara al próximo ejercicio, de manera que se establecerá un importe fijo en base al valor catastral y otro variable en función del número de personas empadronadas, en el caso de inmuebles residenciales. Para las empresas, será el tipo de actividad el que determine la cuantía.
Esta nueva fórmula de cálculo, sin embargo, ha sido también cuestionada e incluso la OCU ha presentado ya ante la Comisión Europea una reclamación por entender que el cálculo en función del valor catastral es injusto e incumple el principio de ‘quien contamina, paga’.
Asimismo, los ciudadanos que se han movilizado en los últimos meses reclaman saber qué ocurrirá con los importes abonados durante este año 2025, que se han basado únicamente en los datos del Catastro y que, por tanto, han tenido en cuenta los metros cuadrados de trasteros, plazas de garaje y zonas comunes.
Además, se están organizando para llevar a cabo una reclamación por vía contencioso-administrativa contra el Ayuntamiento de Arganda.
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