Pleno extraordinario del 24 de febrero (foto: Ayuntamiento de Arganda del Rey)

El Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey ha aprobado este jueves, en sesión extraordinaria y urgente, la adhesión al Fondo de Ordenación 2022 del Gobierno de la Nación para poder financiar el pago de una sentencia judicial que obliga al Consistorio a devolver 3,2 millones de euros por el cobro de la plusvalía municipal a una empresa por la venta de unos terrenos.

El acuerdo, que ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de PP, Vox y la concejala no adscrita, supone que el Ayuntamiento pueda refinanciar el pago de esta cantidad en un plazo de 10 años, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya fallado en contra del Consistorio por la liquidación de la plusvalía a la hoy extinta Martinsa-Fadesa a la que se cobró indebidamente dicho impuesto.

La concejala no adscrita, Clotilde Cuéllar, ha señalado durante su intervención que este trámite supone “una ampliación de la deuda que ya tenemos”, algo que se ha realizado por parte del Gobierno local “deprisa y corriendo”. “Ustedes van a argumentar que se trata del impuesto de plusvalía, pero no sabemos cuál ha sido el coste para el Ayuntamiento. Nos dicen que es una sentencia que ha ganado la empresa al Ayuntamiento por la plusvalía, pero no dan explicaciones sobre qué paso en este municipio con lo que la gente conoce como la trama de corrupción Área de Centralidad de Arganda del Rey”, ha añadido.

Por su parte, el portavoz de Vox, Francisco de Paula Serrano, ha puesto el foco en los intereses que conllevará el pago de esta sentencia, y que según ha indicado rondarán los 500.000 euros. “El afán recaudador de este Gobierno nos lleva a cometer estos fallos y a tener que devolver la cuantía y unos intereses y costas que superan el medio millón de euros”.

Tal y como ha recordado Serrano, “estas parcelas las tasó el mismo juzgado a Martinsa-Fadesa, que estaba en concurso de acreedores, y que vendió por debajo del precio, por lo que estaba exento de la plusvalía. Pero nosotros se la cobramos, y así nos ha pasado”.

Miguel Ángel López, concejal de Ciudadanos, ha señalado que “la modificación legislativa sobre el impuesto de plusvalía provoca tensiones” en las Corporaciones locales, y ha subrayado que “en aquel momento el Ayuntamiento ejecutó la liquidación y la empresa lo recurrió. La devolución ya venía contemplada en la memoria del presupuesto de 2022, con un informe que alertaba de ello”, ha agregado.

Desde la bancada del PP, la edil Amalia Guillén ha incidido en que esta sentencia se conocía desde el pasado mes de septiembre, por lo que ha afeado a la concejala de Hacienda, Ana María Sabugo, la demora en llevar a Pleno este punto. “Quizá les dé vergüenza haber subido el IBI a 458 vecinos y ahora endeudar 10 años a los vecinos por un préstamo que ustedes podían haber cubierto con gasto corriente”, ha remarcado.

Por último, el alcalde de la ciudad, Guillermo Hita, ha enfatizado que el objeto de este punto es “cumplir con una sentencia en la que hemos defendido los intereses de este Ayuntamiento con informes técnicos que consideraban que era Martinsa la que debía pagar esos 3 millones de plusvalía”.

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