El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha incluido provisionalmente a Arganda del Rey en el listado de entidades locales que podrían beneficiarse de las ayudas directas destinadas a financiar descuentos en el transporte público durante el segundo semestre de 2025.
Arganda del Rey forma parte del listado de 128 entidades locales, junto a 13 comunidades autónomas, que accederían a una partida total de 355 millones de euros habilitada por el Gobierno central, de los cuales 120 millones se destinarán específicamente a los Ayuntamientos.
Estas ayudas tienen como objetivo principal aliviar el gasto de los usuarios y fomentar el uso del transporte colectivo terrestre.
El esquema de descuentos contempla varias medidas, entre ellas, la gratuidad del transporte para menores de hasta 14 años, una reducción del 50% en los abonos y títulos multiviaje para jóvenes (cuya franja de edad será determinada por cada administración) y una rebaja mínima del 40% en el resto de abonos y títulos multiviaje.
En este último caso, el Ministerio financiará un 20% del descuento, condicionado a que el Ayuntamiento aporte al menos otro 20% con fondos propios.
Quedarían excluidos de estos descuentos los billetes sencillos, los billetes de ida y vuelta y los títulos turísticos.
No obstante, la negativa del Ayuntamiento de Arganda del Rey a implantar una Zona de Bajas Emisiones (ZBE), requisito imprescindible para acceder a estas subvenciones, pone en riesgo la concesión definitiva de estos fondos.
De hecho, el Ministerio establece como condición obligatoria para los municipios de más de 50.000 habitantes, como es el caso de Arganda del Rey, disponer de una ZBE implantada o en proceso de implantación antes de que finalice el año.
Esta zona debe contar con normativa municipal vigente, restricciones de acceso a vehículos contaminantes, sistemas de control y un régimen sancionador activo.
El Gobierno local de Arganda se opone
El alcalde de Arganda, Alberto Escribano, ha reiterado públicamente que el municipio no pondrá en marcha una ZBE en la localidad, al considerar que su orografía lo hace inviable.
“No vamos a implantarla salvo mandato expreso”, afirmaba en su momento, manteniendo así la postura de su equipo de Gobierno frente a una medida legal incluida en la Ley de Cambio Climático.
Esta negativa podría implicar la exclusión definitiva del reparto de ayudas, así como la imposibilidad de acceder a futuras subvenciones vinculadas a la movilidad sostenible.
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