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Pleno ordinario de julio de 2023 (foto: Fernando Galán)

Pleno ordinario de julio de 2023 (foto: Fernando Galán)

El Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey ha aprobado este martes, en sesión extraordinaria, la adhesión al Fondo de Ordenación del Estado para hacer frente al pago de una sentencia condenatoria por valor de 4,8 millones de euros.

El punto del orden del día, que ha salido adelante con los votos favorables de PP y PSOE y la oposición de Vox, se refiere a una sentencia firme de abril de 2015 pero que se retrotrae al año 1995, fecha en la que el Consistorio argandeño y la promotora Grupo Gestión y Desarrollo Inter S.L. firmaron un convenio, con el popular Ginés López como alcalde.

El entonces regidor firmó un segundo convenio con la misma empresa en el año 2008, en su segunda etapa al frente del Ayuntamiento. Entre costas e intereses acumulados en el proceso, cuya sentencia se remonta al año 2015, la deuda del Consistorio argandeño asciende a 4,8 millones de euros.

Para hacer frente al pago de la misma, el Ayuntamiento recurrirá al Fondo de Ordenación, herramienta que pone el Estado a disposición de las administraciones locales para facilitar el abono de deudas pendientes y que ya en la pasada legislatura fue utilizado por el anterior equipo de Gobierno en varias ocasiones.

El concejal de Hacienda, Jorge Pelado, ha recordado durante su intervención que el incumplimiento de esta sentencia “ha supuesto una multa coercitiva al alcalde de Arganda por importe de 300 euros mensuales desde junio”, y ha añadido que “si continúa el impago puede acarrear consecuencias legales para el alcalde que incumplió la sentencia”.

Lo que debatimos hoy no es cómo hemos llegado hasta aquí, sino cómo lo solucionamos. Hay muchas versiones, muchos documentos, es difícil retomar la historia pero hay una sentencia que estamos obligados a pagar”, ha recalcado.

Por su parte, el concejal de Vox Pedro Majolero ha acusado al “bipartidismo” de generar esta situación, porque ambos “han fallado en algo tan importante como es gestionar el dinero de los argandeños”.

“Quieren pedir un crédito de 5 millones que los argandeños tendrán que costear para pagar una sentencia condenatoria, que tiene que ver con ese bloque junto al Zoco que tantos dolores de cabeza dio a los vecinos”, ha indicado.

El portavoz del PSOE, Guillermo Hita, ha subrayado que “la situación de este Ayuntamiento es dificil y hay que seguir trabajando para arreglarla, pero en estos últimos tres meses no se ha desmoronado. Sigan trabajando y cumpliendo con los criterios de sostenibilidad, porque la situación sigue siendo la misma que teniamos en junio”, ha añadido.

Un caso que dura casi 30 años

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid condenó en 2022 al Ayuntamiento de Arganda a pagar una indemnización de 2.953.467 euros, más intereses y costas, a la empresa Inter, S.L. por el incumplimiento de un convenio urbanístico que data del año 1995.

En diciembre de ese año, el Consistorio, gobernado por el alcalde popular Ginés López, firmó el citado convenio por el cual se pactaba la cesión de la empresa al Ayuntamiento de un aparcamiento con 40 plazas y se comprometía a construir una glorieta, mientras que el Consistorio mejoraba la edificabilidad de unos terrenos que la promotora disponía en la ciudad.

Inter cumplió su parte del convenio pero no así el Ayuntamiento de Arganda, que no mejoró la edificabilidad de dichos terrenos. No lo hizo ni el Gobierno liderado por Ginés López ni tampoco la Corporación que tomó posesión en el año 1999, una coalición formada por el PSOE e IU.

Fue en el año 2008, con Ginés López de nuevo en la Alcaldía de Arganda, cuando se firmó un segundo convenio entre el Consistorio e Inter, S.L. Según dicho documento, la promotora recibiría “una atribución en especie” para poder conseguir la edificabilidad del terreno pactada en el primer convenio en un terreno diferente, situado en este caso en el denominado Sector Sur de la ciudad.

Al año siguiente, una vez destapada la trama Gürtel, Ginés López dejó la Alcaldía y este segundo convenio tampoco se cumplió, por lo que Inter, S.L. denunció al Ayuntamiento de Arganda en el año 2013. El juicio se celebró y la empresa ganó.

En concreto, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 19 de Madrid condenó en 2015 al Ayuntamiento de Arganda a pagar casi tres millones de euros a Inter, S.L. El Consistorio, gobernado desde el mismo año por el socialista Guillermo Hita, recurrió, y el TSJM estimó dicho recurso, dictando que bastaba con cumplir el segundo convenio para que el Ayuntamiento no tuviera que abonar la multa de 2.953.467 euros.

Ayuntamiento y promotora no llegaron a un acuerdo y en julio del 2021 la justicia ratificó la indemnización del Ayuntamiento de Arganda a Inter, S.L. por valor de casi tres millones de euros. El equipo de Gobierno liderado por Guillermo Hita decidió recurrir de nuevo la sentencia, y el TSJM desestimó dicho recurso en junio de 2022.

Pese a ello, el Ayuntamiento de Arganda decidió no pagar la multa al disponer de un informe de la Comisión Jurídica de Urbanismo de la Comunidad de Madrid que dice que el segundo convenio firmado en 2008 es nulo.

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