El Pleno del Ayuntamiento de Arganda del Rey abordó este pasado miércoles en sesión ordinaria del mes de marzo la devolución del IBI cobrado de forma irregular a cerca de 500 empresas del municipio durante los ejercicios 2022, 2023 y 2024, y cuya subida fue revocada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La portavoz del Gobierno local, Lola Martín Alonso, intervino para señalar que la decisión adoptada por el anterior equipo de Gobierno socialista fue «aleatoria, unilateral y mal ejecutada».

Martín destacó que la modificación de la ordenanza fiscal, que triplicaba el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para estas empresas, afectó gravemente a establecimientos de todos los tamaños, incluidas pymes de apenas cuatro o cinco trabajadores. 

La concejala celebró así mismo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que invalidó dicha modificación, haya permitido corregir esta injusticia y devolver el dinero a las empresas afectadas.

«Gracias a la decisión del actual alcalde de no recurrir la sentencia, las empresas ya han comenzado a recibir la devolución de lo que nunca se les debió cobrar», expresó Martín.

Según sus palabras, la decisión del anterior equipo de Gobierno de subir el IBI de forma tan desproporcionada «perjudicó gravemente a las pequeñas y medianas empresas de Arganda, a las que se les dificultó la viabilidad y supervivencia».

En cuanto a los costos generados por la acción del anterior Ejecutivo, la portavoz del Gobierno local señaló que los intereses de demora y los costos procesales han supuesto un desembolso cercano a los 240.000 euros para las arcas municipales.

El Ayuntamiento de Arganda del Rey ha reconocido hasta la fecha el pago de 1.619.863,55 euros a favor de las empresas afectadas por la anulación de la ordenanza fiscal que triplicó el IBI en 2022. 

Esta cantidad corresponde a 79 empresas, a las que ya se ha abonado el importe resultante a su favor.

Aún quedan pendientes 96 expedientes, que afectan a 74 empresas, que recibirán sus devoluciones «a la mayor brevedad», según informó Martín.

Además, el Consistorio ha asumido hasta el momento 116.470 euros en concepto de intereses de demora por los 97 primeros expedientes tramitados, así como 10.000 euros en costas procesales. Según Martín, la cifra final por intereses podría alcanzar los 240.000 euros cuando se completen todas las devoluciones.

Martín no solo criticó la medida en sí, sino también la actitud del anterior Gobierno ante la situación. «El exalcalde ha declarado que volvería a hacer lo mismo, solo que lo explicaría mejor. Esa declaración demuestra que no aprendieron nada de este error», subrayó.

Por su parte, la concejala del PSOE, Ana Sabugo, respondió durante el Pleno a las acusaciones de la portavoz del Gobierno local, defendiendo que la medida adoptada por el anterior Ejecutivo estaba contemplada en la Ley de Haciendas Locales. 

“El IBI diferenciado por usos, señora Martín, está recogido en la Ley de Haciendas Locales en el artículo 72. Realizo esta aclaración porque se le llena la boca diciendo que hicimos algo ilegal, cuando saben que están faltando a la verdad”, explicó.

Sabugo insistió en que la ordenanza fiscal no fue ilegal, sino que se anuló por un defecto de forma, y lamentó que el actual gobierno se enfoque en la devolución de impuestos en lugar de abordar otros temas relevantes, como los casos de corrupción que afectan a la localidad, en referencia al juicio por la pieza separada de la trama Gürtel en Arganda del Rey.

“Creemos que el pago de impuestos se debe realizar de manera progresiva en función de la capacidad económica de cada uno, y que pague unos servicios públicos de calidad para todos y todas. Y no como hace la señora Ayuso, que regala a los ricos más de 1.000 millones de euros, por ejemplo, por el beneficio en el impuesto de patrimonio”, apostilló.