Trabajadores del Canal de Isabel II reparando un imbornal a primera hora de esta mañana (foto: @Diario de Arganda)

El Pleno de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Arganda del Rey rechazó en su última sesión la propuesta del grupo municipal de Vox para que el Consistorio argandeño asuma la cuota del Plan Sanea a partir de 2023, eliminando así la tasa que actualmente abonan los ciudadanos en sus recibos de agua.

Con los votos favorables de Vox y el Partido Popular, el voto en contra del PSOE y las abstenciones de Ciudadanos y la concejala no adscrita, se rechazaba de este modo que el Ayuntamiento de la localidad asuma la cuota del Plan Sanea a partir de 2023. una propuesta que en palabras de Francisco de Paula Serrano, portavoz de Vox, ayudaba a mejorar la «calidad de vida de los argandeños», ya que «a día de hoy no corren buenos tiempos para nuestras economías familiares afectadas considerablemente por los altos precios de las energías eléctricas, carburantes y alimentos».

Serrano también apuntaba que desde mediados del año 2020 -fecha en la cual se aprueba en el Pleno la incorporación de une nueva tasa en los recibos del agua por un periodo de 30 años para cubrir los gastos del Plan Sanea hasta la fecha actual- «las economías familiares han cambiado a peor considerablemente, ya que la energía eléctrica ha sufrido un encarecimiento superior a un 300%, los carburantes aumentan en un 60% y los alimentos superan el 15%, lo que hace que una unidad familiar tenga que hacer frente a un aumento cercano al 50% de los gastos de primera necesidad para una economía doméstica».

Posiciones de los grupos

Jorge Canto, concejal de Modelo de Ciudad, explicaba durante su intervención que «las obras son inevitables». «Hasta más de 30 municipios han caído en la trampa, porque la Comunidad de Madrid lo que quería era ceder el saneamiento al Canal de Isabel II y los Ayuntamientos se han visto obligados, como ha ocurrido en Arganda, a elaborar y a firmar este convenio de la cuota suplementaria, que era una autentica trampa», expresaba.

«Si lo pagamos nosotros con los impuestos no bajamos el IBI y si bajamos el IBI lo dejamos como está. Es mucho más justa la cuota suplementaria que el IBI, porque paga más quién más consume y tanto ecológica como económicamente es mucho mejor», concluía Canto.

Asimismo, el concejal de Ciudadanos Miguel Ángel López recriminaba a Vox que ya en el mes de julio de 2020 la formación naranja se manifestó «en contra de que los argandeños asumieran en su totalidad los 22,7 millones de las obras de defensa contra las riadas y mejoras en el alcantarillado y la red de saneamiento», sin embargo, como mencionaba López es necesario «tener en cuenta una serie de condicionantes». «El convenio que se firma con el Canal de Isabel II obliga a este Ayuntamiento a repercutir en el bolsillo del contribuyente, a contribuir con cualquier mejora relacionada con la red del canal, por lo tanto, primero hay que sentarse a hablar con el propio Canal para cualquier modificación de la financiación de ese Plan y, después, ver si el Canal lo acepta», explicaba.

Clotilde Cuéllar, concejala no adscrita, aseguraba que con esta propuesta «Vox está engañando a la vecindad». «Quitar la cuota suplementaria, que la paga la vecindad, y que esa cuota recaiga sobre el Ayuntamiento favorece únicamente al Gobierno regional del PP, porque una propuesta valiente sería pedir cuentas al Canal y a la Comunidad de Madrid por el retraso del Plan Director con el que se comprometió en 2012», recalcaba.

Por su parte, Amalia Guillén, concejala del Partido Popular, recordaba que «el 23 de julio 2020, el Gobierno del partido socialista aprobó en solitario, con el voto en contra del resto de concejales de este plenario, un convenio de ejecución de obras con un presupuesto de 22,7 millones de euros con cargo al bolsillo de los argandeños mediante una tasa en los recibos del agua de 0,23 euros por metro cuadrado, una única inversión que realizaron financiando con un doble cargo a los vecinos a través de los impuestos que pagan y con una tasa en cubierta que pagan en el recibo del agua».

Guillén también aseguraba que «en la cláusula quinta del Convenio que se firmó se recoge la posibilidad de que sean los Ayuntamientos de quien asuman los costes de estas inversiones». «Podrían haber asumido perfectamente esa inversión en los presupuestos municipales, solo eran 770.000 euros como decía por aquel la señora Mambrilla y, al menos, tendríamos algo más seguro que ese dinero que tan alegremente anuncian y ponen en el papel se lleva a cabo», finaliza.

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