Oficina de Policía Local de Arganda. (Foto: Ayuntamiento de Arganda).
El PSOE de Arganda del Rey, a través del concejal de Modelo de Ciudad, Medio Ambiente, Obras Públicas y Salud Pública, Jorge Canto, ha negado que exista un “problema social” en la ciudad con la ocupación ilegal de viviendas, a la vez que ha acusado a los partidos de la derecha de querer “crear alarma social” con este asunto.
Así lo aseguró Canto en el día de ayer durante el Pleno ordinario de la Corporación, en respuesta a la moción presentada por el PP de Arganda en la que los populares instaban al Gobierno de España a “aprobar de manera urgente una Ley que garantice el derecho constitucional a la propiedad privada y combata eficazmente la ocupación ilegal de viviendas”.
“La derecha y la extrema derecha han decidido colocar en el ámbito mediático el tema de la ocupación tratando de provocar un miedo y una alarma social que no se corresponde con la realidad”, aseguró el edil socialista, quien quiso asimismo diferenciar entre “allanamiento y usurpación de inmuebles vacíos en los que no vive nadie”.
“No existe un problema social con la ocupación de viviendas, ni en lo que se refiere a vivienda habitual ni siquiera en segundas residencias, es falso”, indicó, para añadir que “la auténtica emergencia social en materia de vivienda de la que no habla la derecha es la necesidad de una política pública que garantice el acceso a los jóvenes y a los colectivos más desfavorecidos”.
Oposición
El portavoz de los populares argandeños, Pablo Rodríguez Sardinero, apuntó durante la presentación de la moción -que finalmente no prosperó- que “en España ha aumentado más de un 5% la ocupación ilegal de viviendas, según datos de la Delegación del Gobierno, con más de 7.450 denuncias entre enero y junio». “En esta moción proponemos un apoyo implícito al proyecto de Ley Orgánica frente a quienes ocupan viviendas sin título ni tolerancia de la propiedad”, agregó.
En este sentido, Rodríguez Sardinero recordó que el proyecto de ley “otorga medidas para proceder a los desalojos en un plazo de 12 horas, considera la inscripción en el padrón nulo cuando sea un ocupa ilegal, agiliza el proceso penal y refuerza a las comunidades de propietarios y les otorga la posibilidad de adoptar medidas preventivas como cerrar o tapiar ventanas”.
El responsable popular fue más allá y recordó que “hace cuatro días, el viernes pasado, se expulsó a un ocupa en la calle Vinateros después de 4 años cogiendo luz de forma ilegal, importunando a los vecinos y generando problemas”. “Hay un problema grave social y de seguridad en muchas calles de Arganda”, puntualizó.
La concejala no adscrita, Clotilde Cuéllar, aportó por su parte datos sobre la situación que viven muchas familias azotadas por la crisis, como “un millón de personas que se encuentran en riesgo de exclusión social” o el hecho de que “la desigualdad en Madrid es la más alta de España”.
“En Arganda tenemos zonas sin agua potable o con vivienda social que ha acabado en manos de las peligrosas mafias, que son los fondos buitre y que han aumentado su propiedad privada sustrayendo recursos públicos en connivencia con las administraciones públicas”.
Cuéllar afeó al PP que “ahora pidan una ley para perseguir a las familias que necesitan cobijo”, y les pidió que “dejen de criminalizar a las personas por querer disfrutar de lo mismo que ustedes necesitan, una casa, un hogar”.
Por su parte, el portavoz de VOX, Francisco de Paula, se posicionó del lado de los populares pese a ver tumbada una enmienda a la moción. “Ya era hora de que se dieran cuenta del problema que está provocando en Arganda la ocupación de viviendas”, señaló, para añadir que “la ocupación que se realiza es un negocio creado al amparo del gobierno social-comunista” y continuar asegurando que “detrás de cada casa ocupada existe un negocio que va desde el que abre la puerta hasta el que la desvalija y el que la ocupa; necesitamos medidas contundentes que protejan la propiedad privada”.
Cristina Miguel, portavoz de Ciudadanos, defendió una propuesta similar presentada con anterioridad por la formación naranja, y recalcó que “los vecinos están cabreados porque no somos capaces de garantizar sus propiedades ya que los cauces legales son insuficientes”. “Somos fieles defensores de la propiedad privada y no vamos a dar un solo paso atrás, sin que esto signifique que no defendamos que las personas en riesgo de exclusión puedan optar a una vivienda digna», concluyó.
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