Urbanización Valdecorzas (foto: Óscar Rubio)

Más de 500 personas y unas 120 viviendas se hallan desde hace cuatro décadas en un limbo jurídico que no tiene visos, por el momento, de solucionarse.

Los vecinos de Valdecorzas, urbanización “alegal” situada en el término municipal de Arganda del Rey, vienen peleando desde los años 80 para regularizar su situación, una situación que, a día de hoy, les mantiene sin servicios públicos de ningún tipo y les obliga a tener que autoabastecerse para poder ‘disfrutar’ de luz y agua, careciendo de limpieza viaria, recogida de basuras o transporte público. Son propietarios, pagan el IBI al Ayuntamiento de la localidad, pero no reciben nada a cambio. Muchos de ellos disponen de placas solares y recurren a pozos o a contratar cisternas para poder tener agua. Se auto gestionan como pueden y luchan para evitar que el barrio, situado en un entorno idílico, se convierta en un asentamiento conflictivo.

Para ello, piden reiteradamente que se normalice su situación, una reivindicación que se remonta a años atrás y que, en alguna ocasión, ha estado cerca de consolidarse. A pesar de ello, continúan sumidos en la alegalidad y exigen una solución.

Diario de Arganda ha hablado con la Asociación de Vecinos de Valdecorzas para conocer en profundidad su problemática y sus demandas encaminadas a legalizar su situación. “Estamos en un contexto de abandono total”, lamentan.

La urbanización

Para entender la complejidad del caso, hay que remontarse a los años 80. Por aquel entonces, un familiar del exministro Miguel Boyer procedió a vender, a través de un funcionario del Ayuntamiento de Arganda, parcelas situadas en este enclave calificado como suelo rústico no urbanizable, bajo la promesa de recalificar estos terrenos con posterioridad y dotarlos, por ende, de todos los servicios necesarios.

Durante tres años, según denuncian a este medio Pedro Alcántara, presidente de la Asociación; y Manolo Ramírez, miembro de la Directiva, se vendieron estas parcelas a particulares en lo que estos vecinos definen como “la gran estafa inmobiliaria” en la región. “Los compradores conocían las parcelas cuando iban al ayuntamiento, allí tenían los folletos con la propaganda de las parcelas. Ese funcionario te recibía y aseguraba que el terreno era rústico, pero que en unos meses se iba a cambiar la calificación y habría luz y agua a pie de parcela”, explican. Este funcionario fue expulsado en febrero de 1983, pero para entonces el embrollo ya era mayúsculo.

Urbanización Valdecorzas (foto: Óscar Rubio)

La zona se dividió en unas 1.000 parcelas y la mayor parte de ellas fueron vendidas. Sin embargo, el propietario del suelo recuperó los derechos sobre el terreno tras un contencioso con la inmobiliaria y los compradores tuvieron que renegociar. “En ese momento se crea la asociación y se llega a un acuerdo con el propietario, concretando el terreno que van a tener los socios que han creado la asociación. Se hacen las escrituras y eso es lo que consta actualmente como Valdecorzas”, explica Ramírez. Actualmente, la zona urbanizada está compuesta por 1,4 millones de metros cuadrados, salpicados por construcciones de todo tipo y donde residen unas 500 personas. Las complicaciones, no obstante, no acabarían aquí.

Parque Regional del Sureste

Con un buen puñado de viviendas y edificaciones ya levantadas y registradas en el catastro, en 1994 la zona se incluye dentro del Parque Regional del Sureste, lo que le confiere una especial protección que dificulta, aún más, la normalización de este barrio.

“Se nos incluyó en el Parque como una manera por parte del Ayuntamiento de intentar echarnos de allí”, subraya Alcántara. Manolo Ramírez añade que “no tenía sentido meter a Valdecorzas en el Parque, y de hecho había un informe de la Consejería de Medio Ambiente que decía que, al otro lado de la carretera M-311, no hay ningún valor ecológico”. Se mete en el Parque porque el alcalde de Arganda de entonces dice que hay un problema gordo con la gente de las parcelas y es su forma de quitarles de en medio. Fue a petición del propio Ayuntamiento y sin comunicar nada a los vecinos”, agrega.

Con esta nueva piedra en el camino, la asociación intensificó sus movilizaciones y trató de buscar solución al conflicto, tanto por vía jurídica como a través de la negociación política, logrando avances que, una vez tras otra, quedaban en nada.

Urbanización Valdecorzas (foto: Óscar Rubio)

Negociaciones

En 1985, con Joaquín Leguina en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se aprobó una ley para regularizar urbanizaciones ilegales en la región. La Asociación de Vecinos de Valdecorzas se puso manos a la obra y presentó el proyecto de normalización, junto al aval bancario correspondiente. Dicho proyecto fue aprobado inicialmente, pero no llegó a ratificarse, según denuncian los vecinos, por culpa del Consistorio argandeño, que solicitó “dejar el expediente sobre la mesa”, donde permanece desde entonces.

En los últimos años, han salido adelante varias declaraciones institucionales y mociones a favor de la regularización de Valdecorzas (en 2010, 2014 y 2016), incluso con el compromiso del Consistorio argandeño de prestar los servicios públicos básicos en tanto en cuanto se procedía a su normalización, algo que nunca llegó a ocurrir.

Paralelamente, las negociaciones entre la asociación y el Gobierno regional daban pequeños pasos hacia adelante. “Nos pidieron un informe medioambiental que dijese que era viable, así que nos fuimos a la Universidad Politécnica y encargamos el informe a catedráticos medioambientales, que elaboraron un estudio con más de 350 paginas donde dicen que no solo es viable la normalización, sino que además es aconsejable”, recalca Ramírez.

Pese a ello, finalmente la situación de Valdecorzas nunca llegó a tramitarse en la Asamblea de Madrid, por unas razones u otras, y pese a que, oficialmente, nadie se ha opuesto nunca a su regularización.

PGOU de Arganda

La última gran decepción de estos vecinos ha llegado al conocerse el pre avance del Plan General de Ordenación Urbana que prevé aprobar el Ayuntamiento de Arganda, y que supondrá el nuevo marco para el desarrollo de la ciudad durante los próximos años.

En este pre avance, se recoge textualmente que “solo caben dos alternativas” en este caso, y estas son “promover su desaparición o habilitar su integración en el suelo urbano mediante el nuevo PGOU”.

No obstante, a renglón seguido, este documento al que ha tenido acceso Diario de Arganda reconoce que “Valdecorzas resulta inintegrable en la estructura municipal e inviable desde el punto de vista económico”, a lo que añade que “el submercado ilegal de parcelas, alentado por operadores marginalistas, es una permanente fuente de estafa que debería eliminarse”.

Esto ha generado la indignación de los vecinos, que ven de nuevo enquistarse la posible solución y que consideran este hecho un agravio comparativo con La Granja, otra zona de semejantes características que sí será recalificada e incluida en el PGOU.

“Todo lo están haciendo a espaldas del vecino, cuando vamos allí nos dicen que sí, que es viable, pero luego a nuestras espaldas dicen lo contrario a pesar del informe de la Universidad Politécnica en el que dice que es viable y aconsejable”, lamentan los afectados.

Urbanización Valdecorzas (foto: Óscar Rubio)

“Somos propietarios, la única manera de desalojarnos es expropiarnos”, indican, para añadir que su situación actual “es de alegalidad, penosa, sobrevivimos dejados de la mano de dios. Un primer paso para solucionar esto es que nos incluyeran en el PGOU, aunque la potestad para todo esto lo tiene la Comunidad de Madrid. Nunca nos han dicho que no, siempre se ha encaminado a la normalización. Es tan fácil como presentar una proposición no de ley en la Asamblea para cambiar la zona D y E a una nueva zona G e incluir a Valdecorzas para su normalización”, aclaran.

“Hay que darle solución, es un problema creciente porque los vecinos siguen viviendo allí, la población está creciendo. Estamos ejerciendo incluso de policías, denunciamos delitos ecológicos, cuando se produjo la DANA estuvimos incomunicados y abandonados, con Filomena estuvimos una semana sin poder salir. La gente se alumbra con paneles, cada uno tiene sus generadores, no tenemos limpieza, ni recogida de basuras. Así es como funcionamos”, remarcan.

Respuestas

Diario de Arganda se ha puesto en contacto tanto con el Gobierno municipal como con el Gobierno autonómico para conocer en qué situación se encuentra este barrio, aunque las explicaciones de una y otra administración no han arrojado demasiada luz a esta problemática.

Así, Jorge Canto, concejal de Modelo de Ciudad del Ayuntamiento de Arganda, ha explicado a este medio que “lo que se fija en la revisión de PGOU es que el barrio está sujeto a la ley del Parque Regional del Sureste, y el Ayuntamiento no tiene competencias para modificar por la vía del Plan General ninguna calificación del suelo dentro del Parque”.

“El avance dice que no somos competentes para hacer ningún proyecto sobre Valdecorzas y que será la Comunidad de Madrid, como venimos insistiendo durante estos últimos seis años, la que modifique el Parque del Sureste para que esas viviendas puedan ser legales”, ha añadido.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Medio Ambiente han insistido en que hay varias direcciones generales implicadas en la posible solución que se le puede dar al tema de Valdecorzas, si bien “se trata de una solución que pasa por ser consensuada con el Ayuntamiento” porque cualquier opción que se adopte afectaría también al Consistorio argandeño.

Desde el Gobierno autonómico recalcan no obstante que “hay voluntad de resolver” este problema, de manera que “una vez que se forme Gobierno, se retomarán las reuniones bilaterales para a llegar a un acuerdo”.

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