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Inmueble ocupado en la avenida de Londres (foto: Diario de Arganda)

Inmueble que fue ocupado en febrero en la avenida de Londres (foto: Diario de Arganda)

El PP de Arganda del Rey ha hecho pública una de las medidas que formará parte de su programa electoral de cara a las elecciones municipales del próximo 28 de mayo y que tiene que ver con la puesta en marcha en la ciudad un plan ‘anti ocupas’ con cuatro medidas concretas para “proteger la seguridad y la propiedad privada de los argandeños”.

El candidato de la formación, Alberto Escribano, ha desgranado este plan del PP contra la ocupación ilegal de viviendas, y en el que destaca la personación del Ayuntamiento en aquellos casos de los que se tenga constancia o la puesta en marcha de una una aplicación móvil “que ya funciona en otras localidades y que tiene como objetivo que cualquier vecino pueda denunciar de forma anónima un asalto a una vivienda cerca de su casa”.

Además, los populares se comprometen a ofrecer asistencia jurídica a los propietarios afectados, así como a solicitar un poder notarial para actuar judicialmente en nombre de las entidades financieras si la vivienda es de su propiedad y la situación pone en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

A principios del pasado mes de febrero, los vecinos del barrio argandeño de Valdelarcipreste mostraban su preocupación por la ocupación de varias viviendas en un inmueble propiedad de la SAREB en el número 6 de la avenida de Londres, en un edificio que ya había sufrido esta situación en el pasado.

Moción de Vox en el pasado Pleno

En el pasado Pleno ordinario del mes de marzo, el grupo municipal de Vox presentó una moción, que fue finalmente rechazada con los votos en contra del PSOE y la concejala no adscrita y la asbtención de Ciudadanos, en la que la formación pedía “tomar medidas contra las ocupaciones ilegales” en el municipio y contra las “ayudas” que muchos de estos ‘ocupas’ reciben de las administración local.

En esta moción, Vox pedía que el Ayuntamiento pusiera en marcha un gabinete jurídico para aquellos vecinos víctimas de la ocupación de sus viviendas, y que se modificasen las ordenanzas municipales para bonificar el IBI a los propietarios mientras el inmueble esté ocupado.

Asimismo, solicitaba la suspensión de las ayudas sociales a aquellas personas que ocupen ilegalmente una vivienda en la ciudad, punto este último que fue duramente criticado tanto por el PSOE como por Ciudadanos y por la concejala no adscrita.

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