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viviendas y carril bici Poveda

Bloque de viviendas en La Poveda. (Foto: Fernando Galán).

La organización sindical UGT aborda los principales problemas de la sociedad actual para acceder a una vivienda digna, bien sea en propiedad o en régimen de alquiler, en una jornada que contó con la opinión de varios expertos y de algunos representantes políticos del Ayuntamiento de Arganda del Rey.

Más vivienda pública de protección oficial y alquileres sociales. Esta fue una de las medidas más defendidas durante la Jornada sobre Vivienda Protegida y Accesible organizada por la Comarca Sureste de UGT Madrid. El acto tuvo lugar el pasado 20 de febrero y estuvo formado por una mesa de expertos sobre vivienda y un debate en el que intervinieron los portavoces de los partidos políticos representados en el Ayuntamiento de Arganda, a excepción de Vox, que a través de un comunicado denunción haber sido «excluido» del acto. Los participantes expusieron una serie de causas que explican la coyuntura actual y una batería de medidas sobre vivienda social.

El secretario general de UGT-Madrid, Miguel Ángel Neila, aseguró que es la “precariedad laboral” la que limita los ingresos medios de la clase trabajadora, que debe destinar “más de un 40%” de su sueldo a conseguir un hogar. Neila también explicó que los precios de vivienda en Arganda aumentan de forma “alarmante e inasumible”. La solución que plantean desde su organización sindical para corregir esta situación es impulsar la vivienda pública.

El alcalde de Arganda, Guillermo Hita, recalcó la necesidad de una “vivienda digna, accesible y asequible económicamente”. El regidor habló de la “paradoja” del contexto en el que nos encontramos: el precio de los alquileres en Arganda “está desorbitado”, a pesar de que hay claros indicios de reactivación del sector de la construcción. Además, mencionó que los bajos salarios y los empleos precarios están directamente relacionados con esta problemática.

La cuestión de la vivienda necesita ‘voluntad política’

Los expertos realizaron un pormenorizado análisis sobre la situación de la vivienda protegida en España y las medidas que fomentarían un aumento de los alquileres de viviendas sociales a precios asequibles. Julio Rodríguez López, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y Estadístico Superior del Estado analizó la situación actual de la Vivienda de Protección Oficial y la falta de recursos de la población para acceder al alquiler de una vivienda. Rodríguez considera que es “imprescindible” impulsar la política de vivienda estatal y conseguir que la vivienda social sea vivienda protegida de alquiler.

En su opinión, este es un “problema estructural” que necesita “voluntad política” y una serie de medidas, entre las que destacan el control directo de los alquileres, la creación de parques locales de alquiler a precios regulados, ayudas indirectas, como contratos de una duración mínima de 5 años con prórroga tácita y fianzas máximas de tres meses, y regulaciones locales sobre el precio del suelo.

jornada vivienda ugt

UGT organizó la jornada sobre vivienda en el Enclave Joven de Arganda. (Foto: Laura del Campo).

La vivienda: un derecho constitucional

Por su parte, Gerardo Roger, arquitecto urbanista, recordó que la vivienda es un derecho constitucional amparado por el artículo 47 de nuestra Carta Magna. Roger coincidió con su compañero en la necesidad de “crear un parque público estable de vivienda en alquiler social” y “limitar la subida de los alquileres” por encima de un determinado nivel.

Los datos que ofreció a los asistentes este profesor de universidad fueron alarmantes. “En la Unión Europea, la media de hogares en alquiler social es de 65 viviendas por cada 1.000 habitantes. En España, la cifra se sitúa en 8, una octava parte, por lo que necesitaríamos tres billones de vivienda más”. Para el arquitecto es de vital importancia impulsar la construcción de vivienda pública y hacer ver a los responsables políticos en esta materia que “la vivienda de alquiler no es un gasto, sino una inversión social”. Por otro lado, los expertos también destacaron la necesidad de “definir el concepto de infravivienda”, ya que sin este conocimiento es “muy difícil” actuar sobre ella.

Debate de portavoces políticos

El debate de portavoces políticos del Ayuntamiento de la localidad fue otro de los momentos clave de la jornada. Francisco Javier Rodríguez, portavoz de PSOE, afirmó que en Arganda es necesario incrementar el parque de vivienda pública, incluida la de alquiler, y que esta medida ayudaría a disminuir y regular los precios. En el ámbito competencial del Consistorio, Rodríguez aboga por intervenir a través del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el cual se encuentra “en proceso de modificación” para conseguir que haya más vivienda pública y en régimen de alquiler y más suelo disponible para la administración.

Por su parte, Pablo Rodríguez Sardinero, portavoz del PP, consideró que “el retraso en la modificación del PGOU” incide directamente en la falta de suelo para la construcción de vivienda. Desde su grupo municipal proponen declarar un Área de Rehabilitación Integral (por ejemplo, el barrio de la Soledad) y definir un plan de actuación con medidas urbanísticas. Asimismo, el líder popular recordó en el debate que durante el gobierno de su partido “se construyeron 16 viviendas” que se añadieron a las existentes en el Parque de Viviendas de Alquiler Social, señalando que “solo cuatro de sus inquilinos pagan la renta y otros 27 las ocupan en detrimento de todos los vecinos de Arganda y de los que están en la lista de necesidad especial”.

Cristina Miguel, portavoz de Ciudadanos, reafirmó que “el aumento de la oferta de vivienda es la mejor manera de evitar el incremento de su precio”. La representante también estableció como medidas necesarias “el fomento de la iniciativa privada, evitando el intervencionismo ineficaz, y la apuesta por la vivienda social en régimen de alquiler”, así como otras iniciativas como la vivienda dotacional.

Por último, Clotilde Cuéllar, portavoz de Unidas Podemos IU-Equo, partió de la premisa de la “defensa del derecho a la vivienda” y aseguró que se necesita “mucho trabajo y diálogo para alcanzar consensos. “Un espacio privilegiado para lograrlos será el Consejo de Vivienda”, aseguró la edil, tras ser una medida aprobada en el plenario a propuesta de su grupo municipal.

 

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